![cordero cordero](http://www.larepublica.ec/wp-content/uploads/2012/10/cordero-e1349973222177.jpg)
Cordero señala en la carta que “solicitar información generada por entidades públicas y privadas que manejen fondos del estado es un derecho de todas las personas conforme a lo dispuesto en el articulo 18 numeral 2 de la Constitución de la Republica que está desarrollado, entre otras, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, según diario El Universo.
Cordero también menciona que “según el artículo 131 de la Constitución de la República, el proceso de fiscalización podría terminar en un enjuiciamiento político, censura y destitución de los funcionarios publicos, por incumplimiento de las obligaciones asignadas por la Constitución de la República y la Ley”.
Fuente: LaRepública
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